LA AUDIENCIA CONFIRMA LA SENTENCIA DE 4,6 MILLONES DE EUROS CONTRA SINTRABI

La Audiencia Nacional ha confirmado una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, que en octubre de 2011 impuso al Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia (Sintrabi) una multa de 4,6 millones de euros por crear un cártel en el Puerto de Bilbao para los servicios de transporte de mercancías.

En su dictamen, la Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por este sindicato y ratifica la sanción al considerar probado que entre los años 2002 y 2006 Sintrabi creó un cártel en el puerto bilbaíno para los servicios de transporte de mercancías por carretera en un radio de 200 kilómetros. Para ello, cerró acuerdos para limitar el acceso a las infraestructuras portuarias, impuso una tarifa para estos servicios y repartió el mercado entre los participantes en dicho cártel.

Hay que recordar que, además de este sindicato, también fueron multadas por la Comisión de Competencia las sociedades Bidetrans, con 1,4 millones; C.B. Bilbao, con 1,03 millones, y Transmeta, con 332.966 euros.

La investigación sobre las prácticas de “cartelismo” del Sindicato de Transportistas Autónomos de Bilbao (Sintrabi) comenzó hace cinco años, cuando la División de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) acordó la incoación del expediente sancionador S/0060/08 contra Sintrabi y 25 empresas relacionadas con el transporte terrestre en el Puerto de Bilbao.

Tras su investigación, el organismo concluyó que, "en efecto, desde 2002 y al menos hasta 2006, la operativa de funcionamiento en lo referente al transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao, y al menos para distancias inferiores a 200 kilómetros, estaba controlada por Sintrabi, contando para ello con la colaboración de una serie de empresas de transporte con base operativa en el puerto".

En función de los datos ofrecidos por la CNC, "el sistema se basaba en un cierre de mercado, en virtud del cual los transportistas debían portar números identificativos previamente distribuidos entre los participantes en el cártel, que les servían para poder franquear el acceso al puerto".

Según indicaron fuentes de la investigación, "los participantes en el cártel se repartían los clientes, fijaban los precios en función de las distancias y el tipo de carga, y controlaban y vigilaban el cumplimiento de los acuerdos" y, además, existía "un articulado mecanismo de presión y retorsión para hacer cumplir dichos acuerdos, que era ejecutado y financiado por los propios participantes del cártel mediante la creación de la figura de los 'vigilantes'".

En su resolución de 26 de octubre de 2011, el Consejo de la CNC considera que se trata de "una infracción de las más graves contra la competencia que debe regir en los mercados para que éstos puedan funcionar de acuerdo con criterios de eficiencia que garanticen una óptima asignación de recursos, en beneficio de la sociedad en su conjunto".

Fuente: La Tribuna del Pais Vasco
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