LANBIDE BULNERA LOS DERECHOS SOCIALES
► El traspaso de la gestión de las prestaciones sociales de los servicios sociales municipales -y de los Departamentos de Acción Social de las Diputaciones- al nuevo INEM-Lanbide ha supuesto sumir en un autentico caos, y recortar los derechos sociales de las personas desempleadas o con empleos precarios, que se acercan a este servicio público. Así,
• Existe una demora de más de un mes en la atención a las personas desempleadas y con empleos precarios que necesitan acceder a las prestaciones sociales para poder subsistir y llegar a fin de mes;
• Se impide realizar la solicitud de inicio y apertura de expediente;
• Decenas de familias vizcaínas dejan de percibir las prestaciones sociales al no poder renovar su solicitud; o ven “extraviado” en Lanbide su expediente, el cual se encontraba en proceso de tramitación en el Departamento de Acción Social de la Diputación. Ahora se vuelve a exigir iniciar todo el proceso administrativo cuando se llevan meses de espera;
• La puesta de largo de Lanbide ha servido para aplicar el principal recorte social aprobado por el Gobierno Vasco para este año: la reducción de las cuantías de las prestaciones sociales en un 7%.
Lanbide recorta los derechos sociales
►Además, se está derivando de forma obligatoria a las familias perceptoras de las prestaciones sociales a la Empresa de Trabajo Temporal Randstad y, más en concreto, a sus oficinas de la calle Ledesma, para la realización de supuestos informes de empleabilidad e inserción socio-laboral. Esta licitación ha supuesto un trasvase de dinero público a una Empresa de Trabajo Temporal; en concreto, este derroche de dinero público le ha costado al Gobierno Vasco 224.200 euros, cuando Lanbide ya cuenta con un servicio propio de orientación laboral.
► Estas iniciativas de Lanbide, y anteriores reformas para endurecer y recortar la cuantía de las ayudas sociales, esconden la intención de precarizar el mercado laboral; a la vez que Lanbide pierde su carácter público para caer en manos privadas y de empresas de trabajo temporal.
• Existe una demora de más de un mes en la atención a las personas desempleadas y con empleos precarios que necesitan acceder a las prestaciones sociales para poder subsistir y llegar a fin de mes;
• Se impide realizar la solicitud de inicio y apertura de expediente;
• Decenas de familias vizcaínas dejan de percibir las prestaciones sociales al no poder renovar su solicitud; o ven “extraviado” en Lanbide su expediente, el cual se encontraba en proceso de tramitación en el Departamento de Acción Social de la Diputación. Ahora se vuelve a exigir iniciar todo el proceso administrativo cuando se llevan meses de espera;
• La puesta de largo de Lanbide ha servido para aplicar el principal recorte social aprobado por el Gobierno Vasco para este año: la reducción de las cuantías de las prestaciones sociales en un 7%.
Lanbide recorta los derechos sociales
►Además, se está derivando de forma obligatoria a las familias perceptoras de las prestaciones sociales a la Empresa de Trabajo Temporal Randstad y, más en concreto, a sus oficinas de la calle Ledesma, para la realización de supuestos informes de empleabilidad e inserción socio-laboral. Esta licitación ha supuesto un trasvase de dinero público a una Empresa de Trabajo Temporal; en concreto, este derroche de dinero público le ha costado al Gobierno Vasco 224.200 euros, cuando Lanbide ya cuenta con un servicio propio de orientación laboral.
► Estas iniciativas de Lanbide, y anteriores reformas para endurecer y recortar la cuantía de las ayudas sociales, esconden la intención de precarizar el mercado laboral; a la vez que Lanbide pierde su carácter público para caer en manos privadas y de empresas de trabajo temporal.
